A la atención de los Jefes de Gobierno y de Estado de la Unión Europea
Señoras y Señores,
El apartado 3 del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (UE) establece que la Unión Europea «obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de precios, en una economía social de mercado altamente competitiva».
Además, en conformidad con las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la UE aplica una Política Agrícola Común (PAC) que tiene por objeto, entre otras cosas, garantizar «un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en particular mediante el aumento de la renta individual de las personas que trabajan en la agricultura». Para ello, la UE declara que, al dictar la Política Agrícola Común, se tiene en cuenta «la naturaleza particular de la economía agrícola, derivada de la estructura social de la agricultura y de las diferencias estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas».
Estos principios, que han sido aceptados por los Estados miembros de la UE y sustentan una cooperación europea armoniosa, han sido vulnerados por la aplicación de las exigencias radicales del Pacto Verde Europeo.
Hay protestas en curso en toda Europa, por parte de agricultores que luchan no solo por sus intereses, sino también por sus derechos, en conformidad con la legislación mencionada anteriormente, que es primordial para a legislación del Parlamento Europeo.
Por lo tanto, pedimos a los Jefes de Gobierno de todos los Estados miembros de la UE que den una respuesta firme y concreta, destinada a resolver los problemas de los agricultores y ciudadanos europeos. Así pues, se exige:
- Garantizar a los manifestantes los derechos la libertad de reunión y la libertad de protesta, sin restricciones. Se exige también la puesta en libertad de los agricultores detenidos durante las protestas legítimas y el cese de los procedimientos penales que son una herramienta para intimidar a los manifestantes.
- La convocatoria de una Cumbre de la UE dedicada a las demandas formuladas por los agricultores manifestantes. Exigimos el fin de los falsos instrumentos de diálogo sectorial, un ejemplo de los cuales es el «Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura en la UE» iniciado por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado enero.
- La aplicación de restricciones razonables a las importaciones de alimentos procedentes de fuera de la UE, en base a indicadores cuantitativos y cualitativos concretos.
- La adopción de decisiones por parte del Consejo Europeo que reviertan la aplicación de los distintos elementos contemplados en el Pacto Verde Europeo, que perjudican la competitividad de la agricultura europea, alterando negativamente tanto la productividad de la agricultura europea como su capacidad para alimentar a la población de Europa. En particular, se pone el acento en los elementos que conducen a un aumento drástico del coste de la electricidad, los fertilizantes y las necesidades de infraestructura. Así pues, se exige una revisión, por parte de la UE, de todos los actos jurídicos adoptados en el marco del Pacto Verde Europeo, incluidos todos los reglamentos y decisiones inspirados en el mismo, que puedan entrar dentro de la Política Agrícola Común.
- Exigimos una profunda revisión de todos los demás supuestos del Green Deal, incluidos los relativos a la política energética y a la industria y toda forma de restricción de los derechos de propiedad.
- El fin de la reducción radical y desigual del uso de productos fitosanitarios y la restricción radical y desigual del uso de fertilizantes para los distintos productores. Las exigencias ideológicas de la UE no sólo conducen a una pérdida de competitividad de la producción agrícola europea, sino que también amenazan la propia existencia de la agricultura europea, socavando así la seguridad alimentaria de los distintos Estados miembros y de la Comunidad en su conjunto.
- La no aplicación al barbecho obligatorio de las tierras agrícolas.
- La previa consulta, de las nuevas directrices de la Política Agrícola Común, tal y como se inspiran actualmente en el Green Deal europeo, de manera amplia, con los agricultores que protestan y de los grupos de reflexión que los apoyan.
Sólo la puesta en práctica de las demandas anteriores permitirá a los agricultores retornar a la actividad laboral y restaurar parte de la confianza de los ciudadanos de la UE en sus órganos legislativos.
Ciudadanos de la Unión Europea
Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea:
La finalidad de la Unión es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.
La agricultura europea está amenazada catastróficamente, con medidas como:
– El barbecho forzoso (no utilización) de las tierras agrícolas –
– La reducción excesiva del uso de productos fitosanitarios –
– La reducción del tamaño del ganado –
– Las restricciones en el uso de fertilizantes –
– La entrada masiva e incontrolada de productos agrícolas de fuera de la UE –
Estas son sólo algunas de las disposiciones de los eurócratas que golpean a los agricultores europeos.
¡Debemos detener la destrucción de la agricultura europea!
La pacificación de la protesta de los agricultores en Varsovia el 6 de marzo de 2023. Fuente: X/user Wojowniczka_EN
Continúan las protestas de los agricultores
Los agricultores y sus organizaciones se enfrentan en varios Estados miembros a restricciones de sus libertades fundamentales, garantizadas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como la libertad de reunión y la libertad de expresión, incluido el derecho a organizar y unirse a protestas contra medidas legislativas y políticas nacionales y de la UE que perjudican a la economía agrícola de la UE, a los propios agricultores y a sus familias. Las autoridades de muchos países de la UE prohíben las protestas y utilizan la violencia para apaciguarlas. A ellas se unen muchas autoridades locales que prohíben las asambleas agrícolas, se utilizan medidas coercitivas directas contra los manifestantes y se priva de libertad a manifestantes pacíficos, que se enfrentan a cargos penales que amenazan con penas de prisión de larga duración.
Los agricultores no son los únicos que sufrirán a manos de los eurócratas
El Pacto Verde Europeo es un conjunto de directivas de la UE destinadas a una transformación ecológica de la Unión Europea. Se está introduciendo sin tener en cuenta los costes económicos y sociales y el bienestar de los ciudadanos de los Estados miembros, violando así los objetivos para los que se creó la Unión.
Una de las principales herramientas de esta transformación es el paquete «Fit for 55», cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 en comparación con 1990. Los creadores de este objetivo extremo no tuvieron en cuenta la enorme disparidad de desarrollo que existía hace 34 años entre la Europa Occidental de libre mercado y la Europa Central y Oriental, que apenas está recuperando su libertad económica, ni otras diferencias. El resultado es un reparto desigual de los costes de la transición energética y una carga excesiva para los países relativamente más pobres.
Los agricultores no son el único grupo social que se verá directamente afectado por las graves consecuencias de la revolución verde.
La ideología verde en la Unión Europea afecta a todos los ciudadanos de la UE. En particular, sufrirán:
Los agricultores.
Una serie de directivas del «Pacto Verde» europeo están golpeando a los productores agrícolas, especialmente a las pequeñas explotaciones familiares. Los funcionarios de la UE están obligando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero también en la agricultura. Las consecuencias de sus medidas son una reducción de la producción agrícola (incluida la ganadera), un aumento de los costes de producción y un incremento de la presión burocrática. El incumplimiento del «acuerdo verde» puede conllevar sanciones económicas terribles.
Los conductores y la industria automovilística
En consonancia con la política de la UE, se está restringiendo gradualmente la entrada de coches de combustión en las ciudades europeas, hasta llegar a prohibirla totalmente. Las Zonas de Transporte Limpio de Polonia, la Umweltzone de Alemania, las Zonas de Bajas Emisiones en España (destacan, dentro del mismo, Madrid 360, otrora, Madrid Central, uno de los primeros planes de planificación urbana de la libre circulación vial en España) o la age-emissiezone de Bélgica están complicando la vida a los residentes, sobre todo a los más pobres, que conducen coches antiguos que no cumplen las normas de emisiones de la UE. Son ellos quienes se han convertido en el primer objetivo de las restricciones y a quienes se prohíbe la entrada en un número cada vez mayor de ciudades europeas. Los eurócratas también han impulsado la prohibición de matricular nuevos coches de combustión a partir de 2035. Esto acabará con la producción de coches de combustión en muchos países europeos. Como consecuencia, quien no pueda permitirse un coche eléctrico caro quedará excluido del transporte.
Propietarios de viviendas
La Directiva de Edificación de la DEEE impone a todos los propietarios de edificios la obligación de hacer que sus edificios sean de emisiones cero (es decir, que eliminen por completo las emisiones de gases de escape). Incluso las familias más pobres se verán obligadas a realizar costosas termomodernizaciones, sustituyendo las cocinas de carbón, petróleo o gas por las llamadas «fuentes de energía verde», sobre todo las favorecidas bombas de calor. Quienes no lleven a cabo las renovaciones climáticas se verán afectados por diversos instrumentos de opresión administrativa, como elevadas sanciones económicas. Todos estos enormes costes de termomodernización (unos 325.000 millones de euros sólo en Polonia) correrán a cargo de los propios ciudadanos empobrecidos, porque la Unión Europea no proporciona fondos adicionales para la renovación de millones de edificios que no cumplen las insensatas normas de emisión vigentes. Además, cabe advertir de que, en 2033, más del 80% del parque inmobiliario español podría no ser apto para su venta o puesta en alquiler, por no alcanzar la eficiencia energética (en estos momentos, hay un grave problema de déficit de oferta en España, que ha devenido en encarecimientos de la vivienda, a los que se suman los elevados tipos de interés y la alta presión fiscal)
Podemos acabar con la ideología verde
Mientras la mayor parte del mundo sigue desarrollando su economía sobre la base de la energía procedente de combustibles fósiles (carbón, petróleo o gas natural) y no se preocupa ni remotamente por la protección del clima, Europa, a la deriva hacia el atraso tecnológico y el declive civilizatorio, persigue las demandas lunáticas de una revolución verde urdida por los ideólogos trasnochados de la extrema izquierda. Por desgracia, los políticos que gobiernan los Estados miembros de la UE están adoptando estas propuestas al por mayor sin aceptar que la acción de la UE no logrará cambiar el clima ni detener su cambio. Sin embargo, empujarán a millones de europeos a la pobreza y privarán a la economía europea de su competitividad y la llevarán al declive.
La producción de alimentos y otros bienes se deslocalizará fuera de las fronteras de la Unión Europea, donde no se aplican las absurdas normas climáticas.
La Unión Europea, que se suponía que debía impulsar el desarrollo, ¡se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo!
Exigimos que los jefes de gobierno y de estado europeos tomen medidas inmediatas para retirarse de los supuestos perjudiciales del Acuerdo Verde Europeo. Por lo tanto, pedimos a los gobernantes que convoquen pronto una Cumbre de la UE para trabajar sobre las demandas de los agricultores de toda Europa.
También exigimos libertad de reunión y libertad de protesta sin restricciones para los ciudadanos de la UE. Exigimos la liberación de los agricultores detenidos que se atreven a luchar por sus derechos y los derechos de todos los ciudadanos de la UE.
Exigimos el desarrollo de una nueva Política Agrícola Común, con la participación de los agricultores que protestan y de los grupos de reflexión que les apoyan.
Son los productores, y no los ideólogos verdes, quienes deben decidir el futuro de la agricultura y de toda la economía de los países europeos.
